Desde la década de 1980 existen informes de organismos del propio Estado dando cuenta de los estragos generados por la contaminación, tanto en los ecosistemas como en la salud de los pueblos indígenas. Las acciones emprendidas para remediar los problemas ocasionados por la contaminación fueron sumamente débiles, al punto que fue recién en el año 2006 (ya con la presencia de Pluspetrol Norte operando los lotes 8 y 1AB) que la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (FECONACO), tomó la decisión de capturar los pozos y campamentos, “con la finalidad de exigir al Estado y a la empresa adoptar medidas de urgencia para frenar los daños al ambiente y a la salud de las personas e iniciar un plan de recuperación de ambos”.
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